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La polémica por la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo no terminó con su regreso al país. Tras varias semanas de repercusiones, el Gobierno nacional puso bajo la lupa la intervención de Asociación del Fútbol Argentino en las gestiones que permitieron su liberación en Venezuela y estudia avanzar con medidas judiciales contra la entidad que preside Claudio Tapia.
El regreso de Gallo, quien estuvo detenido más de 400 días en Caracas, se concretó luego de contactos entre la AFA y autoridades venezolanas y en un vuelo privado gestionado por la misma Asociación, una acción que sorprendió al Ejecutivo debido a que Argentina no mantiene relaciones diplomáticas con ese país.
Desde la Casa Rosada cuestionan que una organización deportiva haya intervenido en negociaciones internacionales sin la participación formal del Estado y que se haya arrogado funciones propias de la política exterior. Por eso, fuentes oficiales señalaron que están evaluando si corresponde presentar una denuncia bajo figuras penales como “traición a la patria”, “sedición” o incluso “espionaje ilegal”, en caso de que la actuación de la AFA haya excedido sus facultades.
El foco de la controversia no está en el resultado —la vuelta de Gallo a Argentina— sino en la legitimidad del procedimiento y las implicancias institucionales de que una entidad civil haya llevado a cabo gestiones en un contexto diplomático complejo. El Gobierno quiere que la AFA detalle qué contactos mantuvo, bajo qué marco y quiénes participaron de esas negociaciones.
La discusión continúa en el terreno político y judicial, con un conflicto que ya escaló más allá de lo deportivo para ubicarse en el centro del debate sobre funciones, competencias y soberanía en la política exterior argentina.
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